Sánchez acelera la ley que le permitirá expropiar bienes y movilizar a los españoles

La ley que otorgará a Pedro Sánchez poderes absolutos para confiscar bienes y movilizar a los españoles en una situación de «interés para la Seguridad Nacional» está en marcha. El Gobierno quiere avanzar en esta iniciativa, muy polémica, y que da sus primeros pasos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reunido este miércoles la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional -que reúne a comunidades autónomas y ayuntamientos- en una cita sin excesiva publicidad para debatir sobre la reforma de la Ley de Seguridad Nacional de 2015. El Consejo de Ministros celebrado este martes también trató el asunto.

El artículo que provoca más suspicacias es el 28, que determina la «participación del sector privado en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional».

En concreto, el anteproyecto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, establece que «los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la situación de interés para la Seguridad Nacional, en caso de requerimiento de la autoridad competente». 

Así, «cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan».

Por otro lado, se advierte también de que «cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades».

La reforma levanta lógicas suspicacias porque Sánchez se arroga además la potestad única de decretar una situación de “interés” para la Seguridad Nacional mediante Real Decreto, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional ni tampoco al Congreso de los Diputados. De esta forma, podrá disponer de “todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas” pero también recursos privados “en manos de particulares”.

Según el borrador del anteproyecto se considerará que existe una situación “de interés para la Seguridad Nacional” cuando “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes”.

El texto ahora vigente, de 2015, deja claro que «la situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».

Frente del PP

El texto mantiene en alerta al Partido Popular. Los dirigentes populares han articulado una postura común para hacer frente a las intenciones de Sánchez, en lo que consideran una «auténtica suspensión de los derechos fundamentales». Expresan además su preocupación por la excesiva discrecionalidad que se otorga al presidente del Gobierno, para lo que exigen un control por parte del Parlamento o los tribunales.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO recuerdan igualmente que el principio constitucional de responsabilidad patrimonial de la Administración no permite excluir el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios que pueda causar la imposición obligatoria de prestaciones personales. «Se convierte al ciudadano en un bien de uso público sin derechos propios y sin posibilidad de resarcimiento», destacan. En definitiva, el poder absoluto que adquiere Sánchez se asemeja  a un estado de excepción encubierto, que no está en ningún modo recogido en la Constitución.

Desde el PP reclaman, asimismo, que la estrategia de Seguridad Nacional incorpore de una ley de pandemias como herramienta fundamental frente a futuras crisis. Se trata de una medida que el partido de Pablo Casado lleva reclamando desde hace año y medio pero que Sánchez siempre ha rechazado y con la que se dotaría a las comunidades autónomas de un marco de garantías jurídicas para adoptar medidas frente a la pandemia.

«Ante la reforma de la Ley de Seguridad Nacional no queremos dar poder absoluto al presidente del Gobierno. Sí que indemnice a quienes hayan de colaborar con su trabajo o bienes. Sí al control y garantía judicial y ya una ley de pandemias», ha destacado el portavoz del PP en la Comisión de Mixta de Seguridad Nacional, Juan Antonio Callejas.